Ciudad de México.- A cuatro días de haberse instalado el nuevo Poder Judicial de la Federación, diversos juzgados y áreas administrativas continúan enfrentando un desabasto de insumos indispensables para realizar sus funciones diarias.
De acuerdo a trabajadores del PJF, el problema de desabasto de artículos de oficina lleva meses y aunque lo reportaron en varias ocasiones, los directivos -muchos de ellos salientes- permitieron que la situación se agravara al grado de paralizar las actividades en diferentes áreas del Poder Judicial.
Desde equipos de cómputo, tóner, impresoras y papel, son las principales carencias. Esto a pesar de que el extinto Consejo de la Judicatura Federal destinaba miles de millones de pesos al año para dichos productos, particularmente papel, cuyos procesos de licitación fueron denunciados reiteradamente por posibles actos de corrupción.
Uno de los principales responsables, señalan trabajadores del PJF, sería el subdirector de Almacenes, Pablo Rosas Gutiérrez, quien formaría parte de una red de corrupción que operaba al interior del extinto Consejo de la Judicatura Federal para amañar licitaciones y permitir que las empresas ganadoras incumplieran con la entrega de productos y servicios contratados.
Como habría ocurrido en la licitación CJF/SEA/DGRM/LPN/014/2025 para la “adquisición de papel, artículos de papelería y útiles de oficina 2025”, la cual fue asignada a ocho de 27 empresas concursantes, dejando seis partidas desiertas al no alcanzar los acuerdos con los representantes de los corporativos.
Así como la licitación CJF/SEA/DGRM/LPN/006/2025 por 30 millones de pesos para la “adquisición de tóner y consumibles para impresión y fotocopiado”, es decir, papel.
Inversiones que deberían verse reflejadas en las oficinas, tribunales y áreas administrativas del PJF, sin embargo, hoy no cuentan con las herramientas para desempeñar su labor eficientemente.
Funcionarios del PJF mencionan que el subdirector Pablo Rosas, tendría acuerdos con los proveedores previamente seleccionados en licitaciones, para no cumplir con la entrega completa de los productos adquiridos, a cambio de beneficios personales. Generando un importante daño al erario público en contubernio con otros funcionarios de la Dirección General de Recursos Materiales.
Con la llegada de los nuevos servidores públicos y la renovación de la Corte, los trabajadores afectados confían que se pondrá un alto a estas prácticas ilegales que afectan tanto la imagen como la operatividad de la institución y, contraviene la naturaleza de los nuevos órganos de control y la visión que planteaba la elección popular que resultó con la integración de este nuevo Poder Judicial.
