*Sin mayor argumento, ni datos locales que fortalezcan las iniciativas la mayoría de legisladores avalan las iniciativas enviadas por el Congreso de la Unión.
Jaqueline Robles
En una jornada legislativa extraordinaria y nocturna, el Congreso de Oaxaca aprobó dos minutas constitucionales enviadas por el Congreso de la Unión: una sobre la ratificación de mandos superiores de la Guardia Nacional y otra en materia de extorsión.
Ambas reformas fueron avaladas con 31 votos a favor, aunque no sin voces críticas que cuestionaron su alcance real.
Guardia Nacional: más control parlamentario, pero bajo mando militar
La primera reforma modifica los artículos 76 y 78 de la Constitución para ampliar las facultades del Senado y la Comisión Permanente en la ratificación de nombramientos de coroneles y jefes superiores de la Guardia Nacional.
También incorpora lenguaje inclusivo y reafirma la adscripción de este cuerpo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Desde la tribuna, el diputado morenista Israel López Sánchez celebró la modernización del lenguaje constitucional y el fortalecimiento del control legislativo. “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, dijo, apelando a la narrativa oficialista.
Sin embargo, el priista Javier Casique Zárate fue el único voto en contra, al advertir que la reforma no consolida una Guardia Nacional plenamente civil, como se prometió en sus orígenes. “Se corrigen aspectos, pero no se cumple el reto de fondo”, señaló.
La diputada Dulce Alejandra García Morlan (Movimiento Ciudadano) y el legislador Isaías Carranza Secundino (Fuerza por Oaxaca) defendieron la reforma como un avance en rendición de cuentas y equidad de género, aunque sin cuestionar la creciente militarización de la seguridad pública.
Extorsión: una ley general en camino, pero sin diagnóstico local
La segunda minuta reforma el artículo 73 constitucional para permitir la expedición de una ley general en materia de extorsión.
El dictamen reconoce que este delito afecta no solo a víctimas individuales, sino también a la economía nacional y la estabilidad emocional de la ciudadanía.
Lizbeth Anaid Concha Ojeda, coordinadora del Grupo Plural, aunque en los hechos una integrante más del GPP Morena, destacó que la reforma no sustituye la legislación local, sino que busca armonizar criterios de investigación y sanción.
“Es colocarnos del lado de las víctimas”, afirmó.
Aunque la propuesta fue respaldada por legisladores de casi todos los partidos, incluyendo al PRI y Movimiento Ciudadano, no se discutieron cifras locales ni se presentó un diagnóstico estatal sobre el impacto de la extorsión en Oaxaca.
Tampoco se abordó cómo se garantizará que la ley general no se convierta en letra muerta frente a la impunidad.
Ambas aprobaciones reflejan una tendencia del congreso local a ratificar reformas federales sin mayor análisis, deliberación ni contrapeso.
Y es que fuera del presidente de la JUCOPO, Benjamín Viveros, la pequeña oposición, MC, PT y PRI, pocas y pocos son los legisladores morenistas y de sus partidos aliados, que argumentan, debaten y se aplican para, cuando menos, presentar, sin mal leer, las propuestas que exponen , lo que hace ver qué solo votan por consigna.
La incorporación de lenguaje inclusivo y la promesa de una ley general contra la extorsión son avances simbólicos, pero el reto sigue siendo garantizar que las víctimas de extorsión reciban justicia más allá del papel.
