El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional del sector eléctrico, con el propósito de fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y establecer que el Estado será el único actor autorizado para extraer litio.

López Obrador subrayó que a través de esta propuesta se pretende también tener un control de precios sobre los energéticos del país y así no se afecte la economía popular.

Reprochó la marginación que recibió la eléctrica nacional con la Reforma Energética, la cual -dijo- privilegió los intereses de particulares extranjeros sobre los de la empresa del Estado.

“Las empresas extranjeras se estaban apoderando de todo el mercado y se les tenía que comprar la luz a precios elevadísimos. Recibían subsidios mientras que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad estaban sub utilizadas”, indicó.

Buscando erradicar lo anterior, el mandatario federal adelantó que en esta iniciativa de reforma, el principal objetivo es darle su lugar a la CFE.

“En esta iniciativa se decide que la CFE va a tener el 54% del mercado y el 46 se va a conservar para las empresas particulares, que haya una verdadera competencia”, sostuvo.

En su intervención Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación explicó que la propuesta presentada a la Cámara Baja del Congreso modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Mexicana y 9 artículos transitorios.

“Fundamentalmente se trata de rescatar y fortalecer a la CFE, garantizar a través de ella la seguridad energética del país en este caso de la industria eléctrica nacional y que sea posible que haya electricidad a mejor costo y para todos los mexicanos”, dijo.

A la par, explicó que se busca desaparecer la figura que hasta hoy tiene la CFE, dándole personalidad jurídica propia y desapareciendo sus filiales.

Señaló que igualmente se pretende desaparecer los contratos de autoabastecimiento y por ende las sociedades de autoconsumo.

“Por lo tanto, quienes resultaban beneficiados de este esquema, tendrán que adquirir la energía a la CFE”, anunció.

“Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución”, expone el documento.

Se establece también que la CFE se convierte en el organismo del Estado responsable del área estratégica de la electricidad, de su planeación y control; autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración.

También se incorpora al litio y otros minerales estratégicos, como área estratégica del Estado, y se adiciona un párrafo para establecer que la CFE garantice generar al menos el 54 % de la energía que requiera el país y el sector privado pueda participar hasta en el 46 %.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se reincorpora a la CFE y será la propia Comisión quien quede a cargo de los procedimientos para despachar sus centrales “por mérito económico, cumpliendo con criterios de confiabilidad, continuidad y estabilidad”.

En el artículo 27 constitucional se modifica el párrafo sexto para establecer que “corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica.

“La Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.

También se suprime el concepto de “empresas productivas del Estado” y se sustituye por organismos del Estado y se modifica un párrafo en el que se señala que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas, así como su rectoría sobre las áreas prioritarias”.

Asimismo se reglamenta que la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos energéticos por parte de particulares o por sociedades “no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal”.

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, aclara que “la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones”.

Agrega que con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, “este se llevará a cabo mediante las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a organismos del Estado o a través de contratos con estos o con particulares”.

Además, propone que la CFE tenga el 54% del mercado y 46% será para las empresas particulares, para que haya una verdadera competencia.

“No significa nacionalizar ni estatizar, significa darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad”, señaló.

Respecto a las modificaciones de los artículos 25,27 y 28, te presentamos algunos de los puntos principales:

Corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad.
La CFE se integra como un solo organismo del Estado, responsable de la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad, y que determinará las tarifas de las redes de Transmisión y Distribución, así como para usuarios finales.
Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan.
La CFE debe garantizar al menos el 54% de la energía que se requiera en el país y el sector privado puede participar hasta en el 46% de esta generación; prestará exclusivamente el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica.
Se suprimen los órganos reguladores coordinados en materia energética: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.
El litio y demás minerales estratégicos para la Transición Energética no podrán ser concesionados.
Las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado Mexicano se conservan en los términos que fueron otorgadas, pero no amparan la explotación y producción del litio. Sin embargo las concesiones que ya están debidamente acreditadas con antecedentes de exploración de litio, no les será aplicada la restricción.
Se establece la utilización de manera sustentable de todas las fuentes de energía, reduciendo las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero.
Se cancelan los Certificados de Energías Limpias.

Diputadas y diputados del PAN se oponen

México, más que nunca, necesita inversión en energías limpias y renovables; reforma agravará crisis económica y de inversión, afectando los bolsillos de las familias, sostuvieron los legisladores de Acción Nacional, al señalar que el control absoluto de todas las cadenas de valor de la Industria Eléctrica por parte del gobierno podría derivar en desabasto de energía y tarifas más altas.

El Grupo Parlamentario del PAN afirmó que analiza a detalle todas las implicaciones de la reforma; sin embargo, por lo pronto se expresó totalmente en contra de la iniciativa del Presidente de la República, en materia energética.

A través de un comunicado, las y los diputados de la bancada señalaron cinco razones concretas para oponerse a la propuesta presidencial: 1. Atenta contra el libre mercado. 2. Aumenta el control del Estado y perjudica a las familias mexicanas. 3. Desaparece órganos que funcionan. 4. Viola tratados internacionales. 5. Cancela certificaciones de energías limpias.

Se pronunciaron en contra de la reforma pues “tendría efectos adversos y desastrosos” en distintos sectores de la vida nacional. “Nos preocupa que el control absoluto de todas las cadenas de valor de la Industria Eléctrica por parte del gobierno pueda derivar en la caída de la inversión, salida de capitales y falta de suficiencia para la demanda de energía eléctrica en el país”.

Señalaron que esta reforma impactaría con tarifas más elevadas a los consumidores, teniendo consecuencias negativas para los bolsillos de las familias mexicanas, pues reduce la competencia y deja de lado la generación de energía eléctrica con métodos más eficientes y menos contaminantes y costosos.

Indicaron que “el intento de reforma energética del Presidente implica la violación del TMEC, al estatizar la industria eléctrica, y por ende, la pérdida de confianza en inversiones y también la salida de capitales. Habría mayor afectación económica en un país ya debilitado.”

En este sentido, manifestaron su rechazo a la propuesta de consolidar el mercado eléctrico nacional como, lo que afirman, sería un monopolio estatal. Los monopolios, explicaron, se ha demostrado a nivel internacional, y en diferentes sectores, que resultan inviables para resolver problemas de Mercado, y terminan por colapsar los sistemas donde el Estado asume el control.

Afirmaron que esta propuesta de reforma propone prácticamente la centralización y monopolio de la Industria Eléctrica, ya que el 54 por ciento del mercado será absorbido por la CFE y el 46 por ciento restante se dejará a los privados. Esta obsesión presidencial por concentrar como sea más y más poder, le está costando mucho al país.

Por otra parte, rechazaron de igual manera la desaparición de los órganos reguladores, mismos que están diseñados precisamente para defender a los consumidores y que existen en casi todos los países del mundo, con excepción de aquellos que se encuentran bajo regímenes antidemocráticos y de dictadura como lo son Corea del Norte y Venezuela.

“Reprobamos totalmente la desaparición que busca el presidente López Obrador hacia la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía. Sería una grave vulneración a las instituciones que dan forma a la democracia mexicana”.

Las y los parlamentarios se pronunciaron por avanzar en la infraestructura y desarrollo de energías más eficientes y menos contaminantes.

“Desde el PAN defenderemos y promoveremos un modelo energético nacional donde las energías limpias tengan un papel preponderante. Por ello, también reprobamos que se pretendan cancelar los certificados de energías limpias. Hoy México más que nunca necesita inversión en energías limpias y renovables”

Sentenciaron que esta reforma ni siquiera podrá sostenerse en el mediano y largo plazo pues contraviene disposiciones establecidas en tratados internacionales como el T-MEC, de los que México es parte

Por ello, descalificaron la reforma como una propuesta que tendrá un enorme costo económico y social en lo inmediato, y que a futuro traerá inviabilidad y mayores problemas para el país.